Crímenes contra la Humanidad en Colombia: elementos para implicar al ex Presidente Álvaro Uribe Vélez ante la Justicia Universal y la Corte Penal Internacional Francisco Simón Conejos Universidad de Valencia España
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Un caso paradigmático del ejercicio del poder sobre los criminales y de impunidad frente a las numerosas acusaciones que involucran al ex presidente Uribe en sus actos. En el trabajo se reproduce buena parte de la copiosa prueba testimonial y documental que existe no sólo sobre los beneficios que obtuvo Uribe a cambio de favorecer el crecimiento de los grupos de narcotraficantes y paramilitares desde los cargos políticos que desempeñó, sino también sobre su implicación directa en la conformación de estas estructuras y en sus crímenes.
En las dependencias judiciales colombianas reposan centenares de expedientes que en sí mismos podrían constituir pruebas contra Uribe o propiciar nuevas vías de investigación sobre su participación en delitos de lesa humanidad.
La gestión del ex presidente Álvaro Uribe Vélez en diferentes instituciones del Estado colombiano, durante los últimos 30 años, ha estado caracterizada por el incrementó de la violencia generalizada y sistemática contra la población civil ejercida por agentes estatales, paraestatales o narcotraficantes. Su responsabilidad penal se establece tanto por su implicación directa en la ejecución de estos delitos de lesa humanidad como por su omisión en la función de garante derivada de los puestos de dirección que desempeñó. Decenas de personas del entorno más próximo a Uribe han sido condenadas por narcotráfico y paramilitarismo, y en el trabajo que a continuación se expone se recogen numerosos testimonios judiciales, informes e investigaciones en los que se acusa al ex presidente de asociarse con estos grupos criminales para impulsar su carrera política y participar en sus negocios ilegales. Este caso constituye un ejemplo paradigmático de la responsabilidad estatal en los crímenes contra la humanidad cometidos en Colombia.
Innumerables testimonios y pruebas documentales vinculan directamente a Uribe y a varios de sus familiares con destacados narcotraficantes y, consecuentemente, con sus crímenes masivos y sistemáticos; ex miembros de la Fuerza Pública y ex paramilitares los acusan de formar escuadrones de la muerte; su política al frente de la Presidencia de Colombia de incentivar las bajas en la guerrilla provocó miles de ejecuciones extrajudiciales de civiles a manos del Ejército, y como máximo responsable de los servicios de inteligencia del Estado tendría que responder penalmente por la persecución planificada desatada contra los opositores a su régimen, tanto internamente como más allá de la frontera colombiana.
Sin embargo, los obstáculos políticos y jurídicos existentes en Colombia para perseguir estos delitos atroces, especialmente si los acusados son o han sido altos cargos del Estado, han ocasionado que Uribe nunca haya sido juzgado. La única posibilidad de que se esclarezca su responsabilidad es la intervención de la justicia internacional y universal.
En las dependencias judiciales colombianas reposan centenares de expedientes que en sí mismos podrían constituir pruebas contra Uribe o propiciar nuevas vías de investigación sobre su participación en delitos de lesa humanidad.
La gestión del ex presidente Álvaro Uribe Vélez en diferentes instituciones del Estado colombiano, durante los últimos 30 años, ha estado caracterizada por el incrementó de la violencia generalizada y sistemática contra la población civil ejercida por agentes estatales, paraestatales o narcotraficantes. Su responsabilidad penal se establece tanto por su implicación directa en la ejecución de estos delitos de lesa humanidad como por su omisión en la función de garante derivada de los puestos de dirección que desempeñó. Decenas de personas del entorno más próximo a Uribe han sido condenadas por narcotráfico y paramilitarismo, y en el trabajo que a continuación se expone se recogen numerosos testimonios judiciales, informes e investigaciones en los que se acusa al ex presidente de asociarse con estos grupos criminales para impulsar su carrera política y participar en sus negocios ilegales. Este caso constituye un ejemplo paradigmático de la responsabilidad estatal en los crímenes contra la humanidad cometidos en Colombia.
Innumerables testimonios y pruebas documentales vinculan directamente a Uribe y a varios de sus familiares con destacados narcotraficantes y, consecuentemente, con sus crímenes masivos y sistemáticos; ex miembros de la Fuerza Pública y ex paramilitares los acusan de formar escuadrones de la muerte; su política al frente de la Presidencia de Colombia de incentivar las bajas en la guerrilla provocó miles de ejecuciones extrajudiciales de civiles a manos del Ejército, y como máximo responsable de los servicios de inteligencia del Estado tendría que responder penalmente por la persecución planificada desatada contra los opositores a su régimen, tanto internamente como más allá de la frontera colombiana.
Sin embargo, los obstáculos políticos y jurídicos existentes en Colombia para perseguir estos delitos atroces, especialmente si los acusados son o han sido altos cargos del Estado, han ocasionado que Uribe nunca haya sido juzgado. La única posibilidad de que se esclarezca su responsabilidad es la intervención de la justicia internacional y universal.
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