Se
está abriendo paso un amplio consenso entre los analistas sobre los graves
desórdenes institucionales, políticos, económicos y presupuestales que está
dejando el presidente Uribe a quien asuma el poder en
2010. Tan sólo para hacer referencia a los asuntos presupuestales, basta con
recordar que se gastó el pasado, el presente y el futuro del país.
Con respecto al fisco y/o
el patrimonio ahorrado por generaciones y el cual está representado por los
activos del Estado, ha sido el gobierno que en la historia del país ha
enajenado la más grande cuantía de recursos sociales, aún de empresas
estratégicas. Se han vendido, entre otros, el Banco Cafetero, 10% de Ecopetrol,
10 distribuidoras regionales de energía, Telecom, Ecogas, Isagen y está
en salmuera otro de ISA.
Estos
ingresos derivados de las privatizaciones han fondeado un ambicioso plan de
gasto del gobierno, sin generar ni siquiera un superávit fiscal durante los
siete años consecutivos del Gobierno Nacional Central y peor aún, en medio de
las más altas tasas de crecimiento del PIB en treinta años y de los precios más
altos de los "commodities".
Las decisiones de gasto han
ocasionado una distorsión del escenario fiscal, durante cinco años se bloqueó
el gasto local con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Regalías -FNR-, de
los $3 billones acumulados $1.3 billones fueron apropiados en el Presupuesto
General en la vigencia fiscal de 2009. Estos recursos, que serán asignados a
las regiones en Consejos Comunitarios, pertenecen a ellas por derecho propio y
a ellas deberían volver por vía de la Ley y las instituciones y no en ruedas de
prensa presidenciales.
En desarrollo de su
política económica, el gobierno acumuló un déficit fiscal de 3.3%
del PIB en 2008, y obligó a los departamentos a usar los recursos de un
empréstito internacional de USD$1.000 millones que tomó el Gobierno Central,
mientras les mantenía retenidos los $3 billones que habían acumulado en el FNR.
De la misma manera, aprovechó el escenario de revaluación para sustituir deuda
externa por interna, aunque no tuvo la precaución de reducir el nivel total
como proporción del PIB que presenta un incremento de 2 puntos porcentuales del
PIB con respecto al nivel de 2000.
Alejandro Gaviria mencionó,
en su columna de El Espectador, que el próximo presidente tendrá, aunque no
quiera, que darle continuidad a muchas de las políticas del actual gobierno.
Ello se debe, en parte, a la suscripción de vigencias futuras excepcionalmente
largas que comprometen el presupuesto más allá del término del mandato, a las
garantías contractuales otorgadas a los inversionistas y a las gabelas
tributarias pactadas con el capital extranjero. Siendo todo cierto, no
describió la totalidad del panorama, la concentración del presupuesto en manos
del presidente es tal, que su influencia no sólo afecta el pasado y el presente
sino que se hará sentir por largo tiempo en el futuro.
Hacia adelante el alcance de las
decisiones tomadas se extenderá por mucho tiempo. Las vigencias futuras que
amparan el metro de Medellín se extederán por 100 años, las del Transmilenio de
Bogotá irán hasta el 2016, la Drummond
recibió una extensión de su concesión por 30 años más para explotar 8 millones
de toneladas de carbón a cielo abierto y 5 trillones de MBTU de gas natural.
Todo lo anterior sin contar que,
dado el desequilibrio de poderes ocasionado por la reelección inmediata, los
órganos de control y los organismos colegiados independientes quedarán
integrados por personas designadas por el presidente. En la Junta del Emisor, con excepción del dr. Tenjo que pronto se
retira, todos los miembros han sido nombrados durante el actual periodo
presidencial, ello implica que Uribe tendrá influencia en la
vida económica nacional todavía por mucho tiempo.
Comentarios
Publicar un comentario