| Un caso más de Corrupción |
| Ordenan captura internacional de Alvaro Jose Lloreda Caicedo y Otro |
| Se buscan los Lloreda |
Se trata de los empresarios Álvaro
José Lloreda y su hijo Jorge Alberto Lloreda Garcés, quienes fueron condenados
el 28 de febrero de 2007 por el juez segundo de Descongestión de Penas de
Bogotá. El operador judicial los sentenció a una pena de nueve años y medio de
cárcel y una multa de $13.000 millones. La historia comenzó hace más de dos
décadas, cuando el gobierno del presidente César Gaviria tomó la decisión de
liquidar la empresa Puertos de Colombia y crear un fondo que se conoció como
Foncolpuertos. A través de él, el Ejecutivo buscaba atender las reclamaciones
laborales de cerca de 18 mil trabajadores portuarios.
Está documentado que a partir de ese
momento se incubó uno de los casos de corrupción más sonados en la historia del
país. Cientos de pensionados, abogados y funcionarios públicos, según la
justicia, se concertaron, y mediante procedimientos indebidos lograron que los
jueces les reconocieran millonarias pensiones o indemnizaciones que quedaron
protocolizadas a través de sentencias y actas de conciliación. Según registros
oficiales, el fraude al Estado llegó a cuantificarse en tres billones de pesos.
Con cifras astronómicas y la
necesidad de los trabajadores de tener dinero contante y sonante, porque se les
reconocía la deuda a través de títulos valores, aparecieron entidades
financieras. La Fiduciaria del Pacífico, por ejemplo, pescó en río revuelto y
le compró sus deudas a muchos extrabajadores de Foncolpuertos a un precio
inferior. Como se trataba de papeles oficiales,
todos coincidían en que su pago estaba garantizado. Por eso, la fiduciaria
presidida por Jorge Alberto Lloreda, al igual que la Corporación Financiera del
Pacífico (Corfipacífico), de propiedad de Álvaro José Lloreda, los adquirieron
y luego vendieron al Fondo de Inversión de Cali, Bancali, adscrito a la
Alcaldía de la capital del Valle.
El 28 de diciembre de 1998 Bancali le
pagó $13.000 millones por los títulos a Corfipacífico, en momentos en que la
Superintendencia Financiera la tenía en la mira por una crisis de iliquidez.
Pero en 1999 las autoridades detectaron que muchos de los pagos pensiónales
eran fraudulentos y empezaron a suspender los giros. Bancali entró en
liquidación y a Álvaro Lloreda y su hijo Jorge se les procesó y condenó por
vender los títulos a una entidad pública a sabiendas del riesgo que existía de
no poderlas cobrar.
En concreto, la jueza del caso
argumentó en su sentencia que una semana antes de la operación, Foncolpuertos
definió no pagar; que Fidupacífico debía saber que algunas conciliaciones eran
falsas, y que había urgencia para que la entidad se capitalizara. Según el
fallo, sabían que los mandamientos de pago estaban en líos y pese a ello se los
vendieron a Bancali.
Sin embargo, mientras se tomaban las
decisiones judiciales, el 14 de febrero de 2008 la Fiscalía ordenó la captura
de los empresarios. Pero para las autoridades fue tarde porque los Lloreda ya
habían decidido hacer vida en Estados Unidos. Al respecto su abogado, Yesid Reyes,
señaló que el argumento principal que su cliente, Álvaro José Lloreda, le
expuso en su momento para tomar la decisión de trasladarse al extranjero fue
que había mucha presión mediática y falta de garantías en el proceso. “Yo
siempre les insisto a mis clientes en la necesidad de presentarse a responder
ante la justicia, pero esa fue su decisión personal”, destacó el penalista.
Han pasado cuatro años desde que la
Fiscalía ordenó la captura de los Lloreda y por ninguna parte aparece una
solicitud de extradición para que respondan por su condena, ratificada por
todas las instancias judiciales pertinentes. En contra suya la Interpol no ha
expedido circular roja alguna que facilite su detención en cualquier país y los
$13 mil millones están prácticamente perdidos.
No obstante, el panorama para padre e hijo es mucho más halagador que cumplir una pena en una fría cárcel colombiana. El Espectador conoció que viven en Miami en el apartamento 23-H del edificio Casa del Mar, en Key Biscayne (Florida). Entre tanto, en los altos círculos de Cali se comenta que están construyendo una mansión en un exclusivo sector de la capital vallecaucana conocido como la parcelación La Finca, en Pance. Socialmente, Álvaro José y Jorge Alberto Lloreda también tienen un panorama alentador en Miami. Son invitados frecuentes en reuniones sociales en la capital de la Florida. En eventos como el de mediados de diciembre, en el que fueron los participantes de honor en una romántica, alegre y rumbera celebración matrimonial.
No obstante, el panorama para padre e hijo es mucho más halagador que cumplir una pena en una fría cárcel colombiana. El Espectador conoció que viven en Miami en el apartamento 23-H del edificio Casa del Mar, en Key Biscayne (Florida). Entre tanto, en los altos círculos de Cali se comenta que están construyendo una mansión en un exclusivo sector de la capital vallecaucana conocido como la parcelación La Finca, en Pance. Socialmente, Álvaro José y Jorge Alberto Lloreda también tienen un panorama alentador en Miami. Son invitados frecuentes en reuniones sociales en la capital de la Florida. En eventos como el de mediados de diciembre, en el que fueron los participantes de honor en una romántica, alegre y rumbera celebración matrimonial.
El otro protagonista del caso
Lloreda - Dentro del caso Fidupacífico y
Corfipacífico y los negocios de títulos de Foncolpuertos vendidos a Bancali,
además de Álvaro José y Jorge Alberto Lloreda, fue cuestionado por las
autoridades judiciales David Toledo Esquenazi, un administrador de empresas que
se desempeñó desde el primero de enero de 1998 como gerente general del
referido fondo. El 16 de julio de 2004 el ente investigador profirió resolución
de acusación contra Toledo como autor responsable del delito de peculado por
apropiación en favor de terceros en concurso con falsedad ideológica en documento
público agravado. El 24 de mayo de 2010 la Corte Suprema de Justicia ordenó la
captura del exdirectivo y lo condenó a pagar cerca de $14 mil millones. “Toledo
no solamente sabía de estas irregularidades dada su experiencia financiera,
sino que a pesar de ello orientó su gestión a llevar a cabo las operaciones
fraudulentas”, expresó la Corte.
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